En muchas ocasiones, en los medios de comunicación, salen noticias relacionadas con los precios de productos básicos para el consumo y concretamente, relacionado con el precio de salida y con el precio de llegada al consumidor.
Pongamos un ejemplo :
Por una parte, vemos al agricultor o ganadero (quejándose y con toda la razón), al cual, le pagan una cantidad irrisoria por sus productos y por otra parte, vemos al consumidor, cuando va a la tienda o al centro comercial a comprar ese producto.
Ese kilo de manzanas, por el que el agricultor ha recibido 10 céntimos, resulta que cuando llega a la tienda y vamos a comprarlo, nos encontramos que nos cuesta 2 euros.
Por supuesto, la culpa no es ni del agricultor ni del consumidor. La culpa es de los cuatro, tres o siete intermediarios, que gravan los productos en un 200, 300 ó 500 por cien. Y que encima, se aprovechan de disponer de una empresa “legal” y especuladora, que encarece esos precios.
Y la verdad es, que si no existieran estos intermediarios, el agricultor, el ganadero o en resumidas cuentas, el que se lo trabaja, tendría mas margen de ganancias. Y por otra parte, el consumidor, vería como su cesta de la compra disminuiría de precio.
Todos sabemos que no todo es tan fácil y que existe un transporte. Y que es necesario que alguna empresa se haga cargo de la gestión hasta que llega a los supermercados y al consumidor. Y que además, por cada escalón que va pasando ese kilo de frutas, se va encareciendo por los beneficios que se tiene que llevar cada uno por los que pasa ese kilo de frutas. Y a todo esto, hay que añadirle el IVA...
Aún así, si todo este proceso, hubiera sido hecho con una buena gestión comercial, esos 12 céntimos, para el consumidor en el supermercado, alcanzarían la cifra de unos 50 céntimos.
Y no los 2 euros que estamos pagando ahora.
La solución es bien sencilla y solo es cuestión de aplicarla en su justa medida.
Les dejo una pista...
Por una parte, limitar el tanto por ciento de los intermediarios y reducir el número de éstos especuladores, que sin trabajarlo, reciben cuantiosas cantidades de dinero para detrimento del bolsillo de los consumidores.
Para ello, sería necesario, que el Gobierno actuara en consecuencia, y cree una Unidad de Investigación del Consumo, que se encargue de analizar y supervisar todo el proceso, garantizando así, un precio mas justo y asequible para el consumidor.
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